Introducción
En 2025, la planificación y ejecución del presupuesto en Colombia se presenta como un elemento vital para el desarrollo económico y social del país. El presupuesto nacional, departamental y municipal no solo se configura como una herramienta para la gestión financiera, sino que refleja las prioridades del Estado en términos de inversión en infraestructura, salud, educación y bienestar social. Para entender el contexto actual, es fundamental analizar las normas que rigen la elaboración y aprobación de estos presupuestos a nivel nacional y territorial.
A través de este artículo, se explorarán las disposiciones constitucionales pertinentes, desde sus fundamentos hasta sus aplicaciones prácticas, centrándonos en la relevancia de una adecuada planificación y ejecución presupuestal en la búsqueda de un Colombia más equitativa y justa.
El presupuesto en Colombia está regido por la Constitución y diversas leyes que establecen las pautas para su formulación, aprobación y ejecución.
El artículo 345 establece que, en tiempos de paz, no se percibirán contribuciones o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas. Esto garantiza que los gastos públicos estén debidamente justificados y planificados, lo que permite un control más efectivo de las finanzas estatales. La planificación se desarrolla en base a los ingresos del período anterior y en función de los proyectos acordados para el funcionamiento del Estado.
La Ley Orgánica de Presupuesto regula todo lo relacionado con la programación, aprobación y ejecución de los presupuestos. Esta ley se constituye en el principal marco normativo que se debe seguir tanto en el ámbito nacional como en los niveles departamentales y municipales.
La planeación es un elemento crucial para el desarrollo eficiente de cualquier entidad pública. Un presupuesto bien planificado permite:
La planeación estratégica requiere una visión a largo plazo que esté directamente alineada con los planes de desarrollo nacional y territorial. En este sentido, el presupuesto no debe ser visto solo como una herramienta de gasto, sino como un mapa de ruta hacia el desarrollo sostenible.
Además, es importante que los ciudadanos participen en el proceso de planeación presupuestal. Esto incluye la discusión sobre las prioridades de gasto y la vigilancia del uso de los recursos. La participación ciudadana contribuye a una mayor transparencia y responde mejor a las necesidades de la población.
El presupuesto nacional se divide en diferentes componentes esenciales que deben ser detallados de acuerdo con las partidas de gastos y las fuentes de ingresos que se proyectan.
Los ingresos del Estado se clasifican en: impuestos, contribuciones y tasas. Este apartado ocupa un lugar central en la formulación del presupuesto, ya que determina la capacidad del Estado para financiar sus actividades.
Los gastos se organizan en diversos programas y proyectos, de acuerdo con el plan nacional de desarrollo. Es fundamental que cada gasto sea justificado y esté alineado con las necesidades del país.
El proceso de aprobación del presupuesto sigue una serie de pasos importantes que aseguran su legitimidad y eficacia:
Los gastos públicos deben enfocarse en áreas críticas que impacten el bienestar de la población. Entre las prioridades están:
El gasto público social se considera prioritario y debe ser asignado de acuerdo con las necesidades básicas insatisfechas de la población.
Si se plantea la posibilidad de un déficit fiscal, es vital presentar soluciones sostenibles a largo plazo, como la creación de nuevas rentas o la reestructuración de partidas existentes.
Al igual que el presupuesto nacional, los presupuestos departamentales y municipales deben cumplir con las normativas nacionales y adaptarse a las realidades locales.
Los planes de desarrollo deben incorporarse en las decisiones presupuestarias a nivel local. La planeación debe responder a las necesidades específicas de cada comunidad.
La inclusión de la ciudadanía en la formulación de estos presupuestos es esencial para asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y efectiva.
La sostenibilidad fiscal es un concepto clave que debe guiar todas las decisiones relacionadas con el presupuesto y se refiere a la capacidad del Estado para mantener sus obligaciones financieras sin comprometer su estabilidad económica a largo plazo.
Es importante realizar evaluaciones continuas sobre la sostenibilidad del presupuesto y hacer ajustes en los programas y proyectos que no estén generando los resultados esperados.
Todo gasto público debe estar fundamentado en el principio de responsabilidad fiscal, asegurando que la deuda pública no crezca en niveles insostenibles.
Además de la Constitución y la Ley Orgánica de Presupuesto, hay otras normativas que regulan aspectos específicos como la inversión en infraestructura, educación y salud.
La Ley de Garantías establece medidas que buscan asegurar que la ejecución del gasto público en año electoral se realice de manera correcta y sin favorecer a un candidato o partido político.
El seguimiento y evaluaciones independientes del uso de recursos públicos fortalecen la transparencia. Se deben considerar auditorías y controles sociales como herramientas válidas en este proceso.
La rendición de cuentas es otro principio fundamental que debe ser parte de todo proceso presupuestario.
Los informes de uso de recursos deben ser claros y accesibles para la ciudadanía. Las entidades públicas deben hacer visible cómo y dónde se gastan los recursos públicos.
Los mecanismos de control interno y externo son fundamentales para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada. Las contralorías y auditorías juegan un papel crucial en este aspecto.
A pesar de los marcos normativos y las disposiciones existentes, la ejecución del presupuesto enfrenta varios desafíos, tales como:
Existen ejemplos exitosos en la gestión de recursos que destacan la importancia de una adecuada administración del presupuesto. Estos casos muestran cómo una planificación y ejecución eficientes pueden transformar realidades locales y nacionales.
Ciertos municipios han implementado iniciativas donde la participación ciudadana ha logrado identificar, planear y ejecutar proyectos de impacto social, mejorando significativamente la calidad de vida de los habitantes.
Algunos departamentos han priorizado la inversión en educación y salud, viendo resultados positivos en la mejora de indicadores sociales, lo cual resalta la relevancia de una correcta formulación del presupuesto.
La participación ciudadana es fundamental en todos los niveles de presupuesto. Sin embargo, se debe fomentar e implementar de manera efectiva.
Cualquiera que desee participar debe conocer las herramientas de participación que existen como las consultas populares, foros y consejos locales que permitan expresar sus ideas y propuestas.
La educación sobre el proceso presupuestario y sus dimensiones es esencial para que los ciudadanos puedan participar de manera informada y efectiva.
La gestión del presupuesto en Colombia en 2025 se enfrenta a importantes retos y oportunidades. La planificación adecuada y la participación ciudadana son claves para la efectividad del gasto público.
Además, la rendición de cuentas y la transparencia son aspectos que deben ser fomentados para garantizar que los recursos se orienten hacia el bienestar de la población colombiana.
Para aquellos interesados en profundizar más sobre el tema del presupuesto en Colombia, aquí hay algunos recursos adicionales que pueden ser útiles:
El presupuesto nacional es un plan financiero que expone los ingresos y gastos que el Estado proyecta realizar durante un año fiscal.
El presupuesto se formula a través de un proceso que incluye la recopilación de datos financieros, la elaboración del proyecto por parte del gobierno y su posterior aprobación por el congreso.
Si el congreso no aprueba el presupuesto, se aplicará el presupuesto del año anterior mientras se tramita la revisión del nuevo.
El gasto público social se refiere a los recursos que se destinan a programas y servicios que buscan mejorar la calidad de vida de la población.
Las etapas del proceso presupuestario incluyen la formulación, la discusión, la aprobación y la ejecución del presupuesto.
La sostenibilidad fiscal es la capacidad del gobierno de mantener su nivel de deuda y cumplir con sus obligaciones financieras sin comprometer la estabilidad económica.
El Ministerio de Hacienda es el ente encargado de elaborar y presentar el presupuesto nacional, además de supervisar su ejecución y asegurarse de que se cumpla con la normatividad.
La participación ciudadana se puede fomentar a través de espacios de consulta, foros y mediante educación para que los ciudadanos comprendan el proceso presupuestario y puedan involucrarse activamente.
Te invitamos a conocer más sobre estos aspectos en el video complementario donde se detallan diversas áreas del presupuesto y la importancia de una correcta gestión...
