El presupuesto nacional, departamental y municipal de Colombia para el año 2025 está diseñado para reflejar la situación fiscal del país y las prioridades del gobierno en un contexto de desafíos económicos y sociales significativos. Este artículo tiene como objetivo desglosar cómo se estructura, aprueba y ejecuta el presupuesto en los diferentes niveles gubernamentales, además de examinar su importancia en la planificación del desarrollo nacional, departamental y local. A medida que nos adentramos en el tema, intentaremos responder a las preguntas más comunes sobre la ejecución presupuestal y su impacto en la ciudadanía.
La ley de financiamiento es la columna vertebral del presupuesto nacional, que establece las normas bajo las cuales se determinarán las rentas y los gastos públicos. En Colombia, esta estructura presupuestaria se basa en el principio de sostenibilidad fiscal, buscando equilibrio entre ingresos y gastos para garantizar la estabilidad económica del país. La Constitución, a través del artículo 345, establece que en tiempo de paz, no se pueden establecer tributos que no estén contemplados en el presupuesto de rentas, lo que implica un control riguroso sobre la recaudación y el gasto de los recursos públicos.
Los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política de Colombia son fundamentales en la regulación del presupuesto. El artículo 346, por ejemplo, estipula que el gobierno debe formular anualmente el presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones, las cuales deben ser presentadas al Congreso en los primeros 10 días de cada legislatura. Esta presentación marca el inicio de un proceso legislativo en el que se discuten y aprueban los recursos necesarios para ejecutar los planes de desarrollo del gobierno.
El proceso de elaboración del presupuesto comienza con la estimación de los ingresos esperados, que a su vez se basa en la ejecución del presupuesto anterior. Este proceso debe alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que cada nivel gubernamental (nacional, departamental y municipal) debe considerar sus objetivos específicos y sus limitaciones fiscales, asegurando que el gasto no supere los ingresos esperados. El gobierno nacional presenta su proyecto de presupuesto al Congreso y los respectivos consejos departamentales o distritales hacen lo mismo en sus ámbitos de competencia.
La planeación presupuestal es un componente clave para el éxito de cualquier entidad estatal. Un presupuesto bien planificado permite a las entidades anticipar sus necesidades financieras y alinear sus recursos con las prioridades de desarrollo. Esto es crucial para brindar servicios públicos de calidad y garantizar la transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
A nivel municipal, el proceso presupuestal implica la formulación de un plan de desarrollo que debe ser concertado con la comunidad. Las administraciones municipales estiman sus ingresos a partir de impuestos locales, tasas y contribuciones, y su gasto se determina en función de las necesidades del municipio. Este presupuesto debe ser aprobado por el concejo municipal y es fundamental para la ejecución de proyectos que impacten directamente a los ciudadanos.
Los presupuestos departamentales siguen un proceso similar al municipal, pero su alcance se amplía, ya que deben alinearse con el presupuesto nacional. La Gobernación de cada departamento realiza la planeación y ejecución de su presupuesto, que debe también ser aprobado por la asamblea departamental. La interacción entre los niveles nacional y departamental es clave para garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y efectiva.
El artículo 353 de la Constitución establece que las normas que rigen el presupuesto nacional también son aplicables a los entes territoriales. Esto significa que el rigor en la planificación y ejecución del presupuesto que se exige al gobierno nacional debe ser igualmente observado por las entidades departamentales y municipales.
El presupuesto se compone esencialmente de rentas y gastos. Las rentas son los ingresos que el Estado espera recibir durante un periodo fiscal, mientras que los gastos son las erogaciones que se realizarán para atender las necesidades públicas. Es importante que cada aspecto del presupuesto esté debidamente justificado y alineado con las previsiones macroeconómicas del país.
Un adecuado seguimiento de los gastos es esencial para garantizar que los recursos sean utilizados de manera eficiente. Esto implica la implementación de controles internos y auditorías que aseguren la transparencia en el uso de los recursos públicos. La Ley Orgánica del presupuesto regula la forma en que deben orientarse el gasto social y la atención a las necesidades básicas insatisfechas.
El Congreso de la República juega un papel fundamental en la aprobación del presupuesto, ya que su facultad radica en la discusión y aprobación de la ley de apropiaciones. Esta participación es crucial, no solo para la legitimidad democrática del presupuesto, sino también para garantizar que se prioricen las necesidades de los ciudadanos en el presupuesto nacional.
Durante los primeros meses de cada legislatura, el Congreso debe discutir y expedir el presupuesto general de rentas y apropiaciones. Este proceso debe regirse por las reglas establecidas en la Ley Orgánica y debe considerar las recomendaciones del gobierno y los aportes de las comisiones de asuntos económicos. La propuesta de aumento de debitos o nuevos gastos debe ser justificada y debe contar con la aceptación del ministro correspondiente.
El objetivo principal del presupuesto nacional es garantizar la planificación adecuada de los recursos públicos, asegurando que sean utilizados de manera eficiente para fomentar el desarrollo social y económico del país.
El presupuesto municipal es elaborado por el alcalde, en conjunto con su gabinete y el concejo municipal, y debe alinearse con el plan de desarrollo del municipio.
El presupuesto debe ser presentado al Congreso en los primeros 10 días de cada legislatura, es decir, en los días cercanos al 20 de julio de cada año.
Si el Congreso no aprueba el presupuesto, se regirá el presentado por el gobierno, siempre que este se haya presentado en el plazo correspondiente.
El gasto público social es aquella parte del presupuesto que se destina a programas y servicios sociales, como salud, educación y protección social, y debe tener prioridad sobre otros tipos de gasto.
Las entidades territoriales se financian a través de transferencias del gobierno nacional, impuestos propios, tasas y contribuciones de los ciudadanos, entre otros ingresos.
Existen mecanismos de control interno y auditorías, tanto en el ámbito nacional como territorial, para asegurar la transparencia y uso adecuado de los recursos públicos.
El presupuesto impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, ya que determina la asignación de recursos para servicios esenciales como la salud, la educación y la infraestructura.
El presupuesto de 2025 en Colombia, estructurado bajo el marco de la Constitución y la Ley Orgánica de presupuesto, juega un papel crucial en la estabilidad fiscal y la atención de las necesidades sociales. Su elaboración y aprobación no solo son procesos técnicos, sino que también representan una oportunidad para que los ciudadanos participen en la formulación de políticas públicas que impactan directamente en sus vidas. Comprender este proceso es esencial para fomentar una ciudadanía informada y activa, que demande rendición de cuentas y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Para profundizar más sobre los aspectos técnicos y la importancia del presupuesto en Colombia, te invitamos a ver el siguiente video que complementa estos conceptos de manera visual y clara.
¡Te invitamos a ver el siguiente video que clarifica y profundiza en los detalles del presupuesto nacional y su ejecución en el 2025!
