La Ley 2294 de 2023 marca un hito en el desarrollo de políticas públicas en Colombia, al establecer el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, con un enfoque renovado en la sostenibilidad, inclusión social y desarrollo territorial. Esta ley, conocida como "Colombia Potencia Mundial de la Vida", pretende transformar la estructura socioeconómica del país, priorizando la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades históricas. En este artículo, desglosaremos las claves más relevantes de esta ley y sus implicaciones para el futuro de Colombia.
La Ley 2294 fue promulgada en un contexto donde la necesidad de un cambio estructural en las políticas públicas es evidente. Durante años, Colombia ha enfrentado desafíos significativos en términos de desigualdad, pobreza y degradación ambiental. La ley tiene como objetivo principal abordar estas problemáticas mediante un enfoque integral que busca articular la economía, la sociedad y la protección del medio ambiente.
El Plan Nacional de Desarrollo se asienta sobre varios ejes transversales clave:
Uno de los aspectos más destacados del plan es el colosal monto de inversión estimado en 1154 billones de pesos, que se destinarán a áreas prioritarias como la reducción del hambre, la transformación de las estructuras territoriales y el fortalecimiento de las comunidades étnicas.
El plan también contempla una asignación de 50.000 billones de pesos específicamente dirigidos a la implementación de procesos de paz. Estos recursos estarán destinados a indemnizaciones a víctimas del conflicto y al fomento de la inclusión social de aquellas comunidades afectadas por la violencia.
La ley enfatiza en un ordenamiento territorial enfocado en el agua, considerándolo un recurso fundamental para el desarrollo de las comunidades. Este punto subraya la necesidad de que los municipios adapten sus planes de desarrollo a la gestión sostenible del agua.
Un cambio evidente en la ley es la apuesta por un nuevo modelo de producción energética que prioriza las energías limpias. Esta estrategia busca reducir el impacto ambiental de las actividades económicas y fomentar un desarrollo más sostenible.
Se impulsarán proyectos productivos que incorporen tecnologías limpias y prácticas sostenibles, generando un impacto positivo en el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de las comunidades.
Una de las innovaciones más notables es la creación de la renta ciudadana, que busca garantizar un ingreso básico a las personas en situación de pobreza. Para ello, se implementará un registro único de ingresos que permitirá identificar a quienes más necesitan apoyo y brindarles la ayuda adecuada.
La ley también incluye la garantía de acceso a la educación universitaria gratuita para los estudiantes de instituciones públicas, lo que busca aumentar la equidad en el acceso a la educación superior.
La ley garantiza que los enfoques diferenciales e interseccionales se incorporen en todas las políticas públicas, reconociendo la diversidad cultural y las necesidades específicas de cada grupo poblacional. Esta inclusión es vital para garantizar que los derechos de todos sean protegidos y promovidos.
El capítulo de justicia social es clave, estableciendo recursos significativos para políticas que busquen eliminar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.
La Ley 2294 de 2023 establece el marco legal y estratégico del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. Esta ley no solo se centra en la inversión, sino en un enfoque integral que busca transformar la estructura social y económica del país.
Este registro permitirá clasificar a la población de acuerdo a sus ingresos, facilitando la implementación de ayudas y subsidios para quienes más los requieren. Es una herramienta clave para la inclusión social.
La UVB se establece como un mecanismo para la actualización de valores en distintas normativas, buscando mejorar la precisión en la liquidación de obligaciones y derechos. Este sistema garantizará una medición más efectiva en la aplicación de políticas públicas.
La inclusión social hace referencia a las políticas y acciones diseñadas para asegurar que todos los grupos, especialmente los más vulnerables, tengan la oportunidad de participar plenamente en la vida social y económica del país.
El ordenamiento territorial es una herramienta clave en la planificación del uso del suelo, buscando asegurar un desarrollo equilibrado que respete los recursos naturales y fomente el bienestar de las comunidades.
Dentro del enfoque de paz, se destinarán recursos para transformar cultivos ilícitos en cultivos agrícolas legales, buscando una reintegración de los agricultores a la economía formal y una mejora en sus condiciones de vida.
Se establecerán programas para la atención de las víctimas del conflicto armado, asegurando una compensación justa y un proceso de recuperación efectiva.
La seguridad humana no solo se refiere a la ausencia de violencia, sino a garantizar la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, con un enfoque en la equidad y la justicia social.
Se destinarán recursos importantes para implementar políticas que busquen cerrar las brechas de desigualdad que afectan a los más vulnerables. Este enfoque integral garantizará una mejora en la calidad de vida y en las condiciones de acceso a derechos básicos.
El Gobierno se compromete a fomentar la producción de energía limpia y a adoptar medidas que promuevan un desarrollo sostenible. Esto incluye incentivos para las empresas que implementen prácticas responsables y sostenibles.
El plan incluye iniciativas que buscan adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos, asegurando la sostenibilidad de los recursos naturales del país.
La ley establece la obligación del Gobierno Nacional de garantizar la inclusión e implementación efectiva del enfoque diferencial e interseccional indígena, afrocolombiano, palenquero y raizal en todos los ejes de transformación y en los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo. Este enfoque busca dar voz y participación a comunidades históricamente marginadas, favoreciendo su integración y desarrollo en el marco de políticas públicas inclusivas.
La ley del Plan Nacional de Desarrollo es la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023. Este documento contiene tanto el articulado que regula el plan como el Plan Plurianual de Inversiones y establece las bases fundamentales para el desarrollo del país en los próximos años, enfocándose en sostenibilidad, equidad e inclusión social.
El artículo 313 fija el valor de la Unidad de Valor Básico (UVB) según lo establecido en la ley 2294 de 2023. Para el año 2024, se establece un valor de $10.951, que será utilizado para liquidar diversos derechos registrales y que busca actualizar y simplificar los mecanismos administrativos relacionados con las obligaciones tributarias y civiles en Colombia.
Para entender mejor cómo se aplicará esta ley en la práctica, analizaremos algunos ejemplos concretos:
Los impactos esperados de la Ley 2294 son significativos y abarcan diversas dimensiones sociales, económicas y ambientales:
A pesar de las favorables intenciones de la ley, se presentan diversos retos en su implementación efectiva:
La Ley 2294 de 2023 representa una oportunidad única para Colombia de reestructurar su modelo de desarrollo, enfocándose en la inclusión y la sostenibilidad. Este plan no solo busca transformar la economía, sino también mejorar la calidad de vida de millones de colombianos a través de políticas públicas efectivas y bien orientadas. La implementación exitosa de esta ley dependerá de la colaboración entre gobierno, sociedad civil y el sector privado.
Para aquellos interesados en conocer más sobre la Ley 2294 y sus implicaciones, se recomienda visitar el siguiente enlace oficial aquí, donde se pueden encontrar documentos normativos y detallados sobre el Plan Nacional de Desarrollo.
Si deseas profundizar en el contenido del Plan Nacional de Desarrollo y cómo impactará a diferentes sectores, considera ver el siguiente video que resume sus puntos más importantes.
