La formulación del presupuesto de un país es un proceso decisivo para el desarrollo y la sostenibilidad de su economía. En Colombia, el presupuesto de 2025 ha sido objeto de una planificación meticulosa y es crucial entender su estructura, consideraciones legales y los aspectos que rigen su ejecución. Este artículo ofrece una guía completa para desglosar el proceso presupuestario en Colombia, ayudando a los ciudadanos a comprender cómo se configuran y gastan los recursos públicos, así como la relevancia de estos procesos en su vida diaria y en el funcionamiento del Estado.
La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 345 que durante times de paz no se podrá percibir ningún impuesto o contribución que no figure en el presupuesto de rentas. Esto resalta la importancia de la planeación para la estabilidad económica del país. La normativa también establece que ningún gasto público podrá ser realizado sin la debida aprobación del Congreso y se requiere una adecuada previsión de los ingresos y gastos para evitar déficits presupuestarios.
La planeación presupuestaria es fundamental para la administración pública. A través de un proceso de planeación riguroso se establecen prioridades para la inversión pública, garantizando que los recursos se utilicen de manera eficiente y efectiva. Esto no solo promueve la transparencia, sino que también fortalece la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
El artículo 346 de la Constitución establece que el gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones, que debe ser presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura. Este presupuesto debe elaborarse en un marco de sostenibilidad fiscal y debe alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo, asegurando que los recursos se asignen considerando las prioridades nacionales.
La sostenibilidad fiscal se refiere a la capacidad del gobierno para mantener su nivel de deuda y gasto en un rango que no comprometa su estabilidad económica a largo plazo. Esto implica que la planeación y ejecución presupuestaria deben realizarse de manera que los ingresos y gastos se equilibren, evitando caer en déficits que puedan afectar la estabilidad del país.
De acuerdo con el artículo 347, el proyecto de ley de apropiaciones debe contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante el año fiscal. Si los ingresos autorizados no son suficientes, el gobierno deberá proponer nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el gasto proyectado. Esta norma es vital porque establece un control sobre el gasto público que garantiza que no se sobrepase el límite de ingresos permisibles.
En caso de que los ingresos no sean suficientes para cubrir el gasto proyectado, el gobierno tiene la obligación de buscar formas alternativas de financiamiento, que pueden incluir la introducción de nuevos impuestos o la reforma de los existentes. Este mecanismo es crucial para mantener el equilibrio fiscal y evitar crisis financieras.
El artículo 348 establece que si el Congreso no expide el presupuesto, regirá el presentado por el gobierno dentro de los términos especificados. Esto es significativo porque asegura que, aun en situaciones de incertidumbre, el funcionamiento del Estado no se detenga. La ley también permite al gobierno reducir gastos en caso de que sea necesario, brindando flexibilidad en la administración de los recursos públicos.
El presupuesto debe ser discutido y aprobado por el Congreso en los primeros tres meses de cada legislatura. Esta fase es fundamental para dar legitimidad a los esfuerzos de gasto y asegurar que los intereses de los ciudadanos sean considerados.
Una parte importante del presupuesto es el gasto público social, que tiene prioridad sobre otros tipos de gasto. Este gasto busca atender las necesidades de la población y garantizar servicios básicos. En el contexto de Colombia, esto es particularmente relevante dado que el país enfrenta retos en educación, salud y bienestar social.
La distribución del gasto público debe considerar factores como el número de personas con necesidades insatisfechas. Esto implica que las regiones que enfrentan mayores retos socioeconómicos recibirán una mayor asignación presupuestaria, asegurando que se prioricen las áreas más necesitadas.
El artículo 355 establece que ninguna rama del poder público podrá decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, lo que implica un compromiso hacia la transparencia y responsabilidad en el uso de recursos públicos. Sin embargo, se permiten contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro para impulsar programas de interés público.
El Decreto 0069 del 24 de enero de 2025 establece el aplazamiento de unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025. Este decreto busca ajustar y asegurar que las prioridades establecidas en el presupuesto cumplan con los requerimientos y necesidades del país en el nuevo año fiscal.
Para 2025, la cifra global del Presupuesto alcanzará los 28,662.6 millones de euros en gasto no financiero, representando un incremento del 4% por encima de los precios y del crecimiento previsto del PIB, que se estima en alrededor del 3%. Este crecimiento es importante para financiar programas que fomenten el desarrollo social y económico.
En 2025, Colombia destinará una inversión sin precedentes de cerca de 80 billones de pesos para el sector educativo. Esta inversión histórica busca abordar las necesidades del sistema educativo, mejorar infraestructuras y garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los colombianos.
El presupuesto de 2025 también refleja las prioridades del gobierno en temas como la sostenibilidad ambiental, el desarrollo rural y la inversión en tecnología. La implementación de un presupuesto inclusivo y participativo que atienda las necesidades de todos los sectores de la población es crucial para la construcción de un estado más equitativo.
Un ejemplo de planificación presupuestaria exitosa es el programa de reducción de la pobreza en las zonas rurales de Colombia, que ha permitido incrementos en el acceso a servicios básicos y mejoras en la infraestructura. Estos resultados son el fruto de una adecuada planeación y asignación de recursos, mostrando cómo una gestión efectiva puede transformar realidades.
El presupuesto de 2025 es un documento vivo que refleja las aspiraciones y preocupaciones del pueblo colombiano. En un entorno constante de cambios, es imperativo que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en el proceso de planeación y ejecución del presupuesto. Solo así podrán asegurarse de que sus necesidades y voces sean atendidas adecuadamente. Comprender cómo funciona el presupuesto y los principios que lo rigen es esencial para cualquier ciudadano comprometido con la construcción de un futuro mejor para Colombia.
Para entender mejor el proceso presupuestario y su relevancia, te invitamos a ver este interesante video que profundiza en estos aspectos. Es una excelente oportunidad para ampliar tus conocimientos y participar de manera informada en el futuro del país.
