En este artículo abordaremos de forma detallada y accesible los artículos 117 a 121 de la Constitución Española, pertenecientes al Título VI referido al Poder Judicial. Estos artículos recogen los fundamentos más importantes relacionados con la administración de justicia en España, sus principios básicos, y los derechos y obligaciones derivados tanto para jueces como para ciudadanos.
El objetivo principal de esta guía es ayudar al lector a comprender con claridad la esencia y alcance jurídico de cada precepto constitucional, facilitando una visión profunda, técnica y práctica. Esto no solo es útil para estudiantes y opositores, sino para cualquier persona interesada en conocer cómo funciona el sistema judicial que garantiza sus derechos fundamentales.
Nos adentraremos en cada artículo, explicando sus conceptos clave, las implicaciones legales y sociales, y aclarando dudas habituales sobre la independencia judicial, la función de los juzgados, el acceso a la justicia gratuita y más.
La Constitución Española establece la división del poder en tres grandes pilares esenciales:
El Poder Judicial se plasma jurídicamente en los juzgados y tribunales, que actúan a través de sus integrantes: jueces y magistrados. Este poder es independiente y autónomo, garantizando la imparcialidad de la Justicia frente a los demás órganos del Estado.
El sistema judicial español se organiza en varios órdenes jurisdiccionales, que atienden distintas materias dentro del ámbito legal:
Estas divisiones permiten especializarse y dar respuesta adecuada a la amplia variedad de conflictos y situaciones que deben dirimirse en un Estado de Derecho.
Una idea esencial recogida en el primer apartado del artículo 117 es que la Justicia emana del pueblo. Esto significa que el poder judicial no es arbitrario ni se impone desde arriba, sino que surge de la voluntad popular expresada en las normas democráticamente aprobadas.
Esta premisa es clave para entender la legitimidad de las resoluciones judiciales y la confianza que deben inspirar. Así, la Justicia representa la voluntad y los valores que la sociedad reconoce y protege a través del Derecho.
El artículo también establece que la Justicia se administra en nombre del Rey, símbolo formal y constitucional del Estado. Sin embargo, este acto es ejercido efectivamente por los jueces y magistrados, quienes forman parte del Poder Judicial y actúan en base a la ley.
Los jueces y magistrados deben cumplir cuatro características fundamentales:
Este conjunto garantiza que la administración de Justicia sea imparcial, objetiva y basada en Derecho, no en intereses políticos ni influencias externas.
El segundo apartado establece que los jueces no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados salvo que exista una causa legal claramente definida. Esto forma parte del principio de inamovilidad, dando seguridad y estabilidad en el desempeño judicial.
El apartado tercero subraya que la potestad jurisdiccional sólo corresponde a los juzgados y tribunales establecidos por la ley, respetando los criterios de competencia y procedimiento. Esto significa que ningún otro órgano puede juzgar ni hacer ejecutar sentencias más allá de los designados por la ley para ello.
El apartado cuarto delimita que los juzgados solo ejercen las funciones expresamente atribuidas por la ley. Esto resguarda la unidad y orden del sistema judicial impidiendo la creación de funciones autoasignadas y mantiene la coherencia institucional.
El artículo también incorpora el principio de unidad jurisdiccional, fundamental para entender que, aunque existan múltiples tribunales y órganos judiciales, forman un único sistema integral. La ley regulará asimismo la jurisdicción castrense para los asuntos propios del ámbito militar, siempre respetando la Constitución.
Por último, el artículo 117 prohíbe expresamente la creación de tribunales de excepción, es decir, órganos creados ad hoc para juzgar hechos ya ocurridos. Esto garantiza que todas las personas sean juzgadas por tribunales previstos con anterioridad a los hechos, evitando arbitrariedades y protegiendo los derechos fundamentales.
Este artículo establece que las sentencias y resoluciones firmes deben cumplirse obligatoriamente. La firmeza se refiere a cuando ya no cabe recurso alguno contra dichas resoluciones, dotándolas de carácter definitivo y ejecutable.
Ello implica que ciudadanos, empresas, y cualquier persona afectada por una decisión judicial está en el deber legal de acatarla, incluyendo pagos, ceses de actividad o cualquier mandato emitido.
Además, todos tenemos la obligación de colaborar con jueces y tribunales cuando lo requieran en el proceso judicial, ya sea asistiendo como testigos, aportando documentación o facilitando la ejecución de lo resuelto.
No cumplir esta colaboración puede acarrear sanciones procesales o legales, por lo que es esencial atender los requerimientos judiciales en tiempo y forma.
El acceso a la justicia es un derecho fundamental. El artículo 119 establece que la justicia será gratuita cuando así lo determine la ley y, especialmente, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Esto significa que personas con bajos ingresos o en situaciones de vulnerabilidad económica pueden obtener asistencia legal sin coste directo, a través de la asistencia jurídica gratuita.
Además, existen colectivos que tienen acceso preferente o garantizado, como víctimas de violencia de género o trabajadores en procedimientos laborales específicos.
Esta ley regula detalladamente quiénes pueden acceder al derecho, los requisitos, el procedimiento y los servicios incluidos (abogado, procurador, peritos, etc.).
Es recomendable consultar esta ley para entender sus alcances y condiciones. La justicia gratuita es un pilar para garantizar igualdad ante la ley, evitando que la capacidad económica limite el acceso a juzgados.
Este artículo indica que las actuaciones judiciales deben ser públicas, lo que significa que cualquier persona interesada puede asistir o conocer las sesiones judiciales, reforzando la transparencia y confianza en la Justicia.
Como regla general, los juicios se desarrollan públicamente, salvo excepciones que regulan las leyes procesales para proteger derechos, la intimidad o seguridad.
Además, se establece que el procedimiento tenderá a ser predominantemente oral, sobre todo en materia penal, facilitando la inmediación y la participación directa de las partes.
Las sentencias deben ser siempre motivadass, es decir, deben contener un razonamiento claro y justificado que explique cómo y por qué se llegó a la decisión judicial.
El artículo 121 reconoce que, cuando se produzcan daños por error judicial o funcionamiento anormal de la administración de Justicia, quienes resulten afectados tienen derecho a una indemnización a cargo del Estado.
Esto supone un mecanismo de protección para los ciudadanos frente a posibles fallos injustos o dilaciones inadecuadas por parte de la administración judicial.
Las causales concretas y el procedimiento para reclamar estas indemnizaciones se regulan en otras leyes, como la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. Aquí se integran las normas para tramitar la responsabilidad patrimonial de la Administración.
En la práctica, esto implica que cuando un daño realmente deriva de un error judicial objetivo o de un funcionamiento anormal, el Estado responderá económicamente, protegiendo así los derechos de los afectados.
La justicia es el valor y el principio fundamental que inspira el ordenamiento jurídico y el funcionamiento de los tribunales. En la Constitución, la justicia es entendida como la aplicación imparcial y objetiva de la ley para resolver conflictos, proteger derechos y garantizar el orden social.
La justicia en España se organiza como servicio público, fundamental para la convivencia democrática y el Estado de Derecho. Dudas comunes suelen referirse a su imparcialidad o lentitud, por lo que es importante destacar que los principios constitucionales buscan justamente evitar esas desviaciones y asegurar su buen funcionamiento.
Recomendación práctica: Para cualquier conflicto legal, es clave entender que la Justicia se encarga de impartir solución conforme a la ley y que es posible acceder a recursos como la asistencia jurídica gratuita para facilitar su disfrute.
Los juzgados son órganos unipersonales o colegiados donde se ejercita la potestad jurisdiccional. Están distribuidos territorial y materialmente según las normas legales, y cada uno tiene competencia específica según el asunto a resolver.
En la práctica, un juzgado es el punto de partida para muchas reclamaciones o denuncias, y se subdividen en diferentes tipos: civiles, penales, contencioso-administrativos, sociales, entre otros.
Dudas frecuentes incluyen cuál juzgado es competente para un caso concreto, a lo que se responde consultando las normas de competencia territorial y material.
Los tribunales son órganos colegiados que generalmente funcionan como instancias superiores o especiales dentro del sistema judicial. Ejemplos son las Audiencias Provinciales o el Tribunal Supremo.
Su función principal es revisar sentencias de juzgados inferiores mediante recursos o resolver materias de especial importancia jurídica.
Es habitual que quienes estudian Derecho pregunten cuál es la diferencia con los juzgados; básicamente radica en la composición (tribunales con varios magistrados, juzgados con uno) y en la función (de instancia o apelación).
El Poder Judicial es el conjunto de juzgados, tribunales, y órganos relacionados cuya función fundamental es administrar justicia. Se caracteriza por su independencia, garantizando que la judicatura no esté sujeta a ningún otro poder o influencia.
Este poder está regulado por leyes orgánicas y la Constitución, y consta de diferentes niveles jerárquicos destinados a garantizar la tutela judicial efectiva en todo el territorio nacional.
La independencia es un principio capital que protege a los jueces y magistrados de presiones políticas, económicas o sociales. Les permite dictar sentencias conforme a Derecho sin injerencias.
Es común que el público confunda independencia con poder absoluto, pero en realidad significa sometimiento sólo a la ley y al ordenamiento jurídico.
El atributo de inamovilidad garantiza que los jueces y magistrados no pueden ser desplazados o apartados de sus cargos arbitrariamente, exceptuando causas legales justificadas. Esto protege contra presiones y asegura la estabilidad en sus funciones.
Se trata de salvaguardar la imparcialidad y la continuidad necesaria para un buen funcionamiento judicial.
Los jueces son responsables de sus actos judiciales y pueden ser sancionados si incurren en negligencia, error grave o conducta indebida. La responsabilidad garantiza la seriedad y rigor en el ejercicio judicial.
Esto genera confianza en que las decisiones juzgadas se toman conforme a Derecho y con previsión de consecuencias en caso de mala praxis.
Este concepto significa que la actuación judicial debe basarse exclusivamente en la ley vigente, sin interpretación arbitraria ni creación de normas. Los jueces aplican la norma, no la modifican ni dictan nuevas reglas.
Es fundamental para asegurar seguridad jurídica y evitar la arbitrariedad.
La competencia determina qué órgano judicial está habilitado para conocer y resolver un asunto, en función de criterios territoriales, materiales y personales. El procedimiento regula las formas, plazos y etapas para tramitar cada asunto.
Ambos conceptos son esenciales para garantizar orden y eficacia en la administración de justicia. Errores en competencia pueden invalidar actos procesales.
Una sentencia es firme cuando no cabe recurso adicional contra ella, es decir, es definitiva. En ese momento, las resoluciones se deben cumplir estrictamente.
Este estado garantiza seguridad jurídica y estabilidad de las decisiones judiciales.
Permite que personas que carecen de recursos económicos puedan acceder a asesoramiento y defensa jurídica sin coste. Es un derecho esencial para la igualdad procesal.
Para beneficiarse, hay que cumplir requisitos económicos y formales y entender qué incluye: abogado, procurador, peritos, etc.
Consiste en la regla general de que los procesos judiciales se realizan en público, para asegurar transparencia, control social y credibilidad en el sistema judicial.
Las excepciones legales, cuidadosamente reguladas, protegen derechos como la intimidad o la seguridad.
Cuando un juez comete un error o hay un funcionamiento anormal de la administración de justicia, el afectado puede reclamar indemnización al Estado. Es un mecanismo de protección a víctimas y garantía de responsabilidad pública.
| Aspecto | Artículo 117 | Artículo 118 | Artículo 119 | Artículo 120 | Artículo 121 |
|---|---|---|---|---|---|
| Principio clave | Justicia emana del pueblo, independencia, inamovilidad, responsabilidad judicial | Obligación de cumplir sentencias firmes y colaborar con la Justicia | Derecho a la justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos | Publicidad de las actuaciones judiciales y motivación de sentencias | Responsabilidad del Estado por daños causados por error judicial |
| Ámbito | Poder Judicial y estructura básica | Cumplimiento procesal | Acceso a la Justicia para personas vulnerables | Transparencia del proceso judicial | Indemnización por funcionamiento anormal |
| Garantías | Independencia, inamovilidad, sujeción a la ley | Obligación ciudadana y procesal | Baremos y requisitos legales para acceso gratuito | Excepciones previstas legalmente | Procedimientos específicos para reclamaciones |
Si deseas una explicación adicional con ejemplos prácticos y un enfoque pedagógico claro, te recomendamos ver este video donde un experto abogado detalla paso a paso estos artículos esenciales del Poder Judicial.
Este principio indica que la legitimidad y el poder de la Justicia tienen su origen en la voluntad popular expresada en la Constitución y en las leyes. La Justicia no es arbitraria ni impuesta, sino que representa y defiende los intereses y derechos que la sociedad ha consensuado. Esto garantiza que el sistema judicial funcione bajo un Estado democrático de derecho.
La inamovilidad protege la independencia judicial, evitando que jueces sean apartados o trasladados por razones arbitrarias o políticas. Con ello se busca garantizar que puedan tomar decisiones imparciales sin temor a represalias o presiones externas, asegurando así un sistema judicial objetivo y seguro.
No cumplir una sentencia firme es una infracción legal que puede acarrear consecuencias como sanciones penales, multas o medidas coercitivas para asegurar la ejecución. La sentencia firme tiene carácter obligatorio y es imprescindible respetarla para mantener la seguridad jurídica y la confianza en el sistema judicial.
Pueden solicitarla personas con insuficiencia económica acreditada mediante requisitos legales. También ciertos colectivos con derechos especiales (víctimas de violencia de género, trabajadores en determinados procesos). La justicia gratuita permite obtener defensa profesional (abogado, procurador) y otros servicios procesales sin coste o con coste subsidiado, facilitando el acceso efectivo a la justicia.
Como regla general sí, los juicios deben ser públicos para garantizar la transparencia y control social. Sin embargo, se contemplan excepciones regulatorias en leyes procesales para proteger derechos a la intimidad, seguridad nacional o menor edad, entre otros casos. Por ello, algunos procedimientos se celebran a puerta cerrada.
Si el error judicial provoca un daño a un ciudadano, este puede reclamar una indemnización patrimonial al Estado como compensación. Este mecanismo busca proteger a las víctimas por fallos o dilaciones injustificadas en el sistema judicial, obligando a que la Administración sea responsable y corrija daños causados.
La competencia se determina mediante criterios objetivos: señala qué órgano judicial puede conocer y resolver un litigio. Estos criterios incluyen: materia del caso (civil, penal, social, etc.), territorio (domicilio del demandado, lugar del hecho) y cuantía. Existen normas detalladas que regulan esta asignación para garantizar orden y especialización.
Que las sentencias deben contener una explicación clara y razonada de los argumentos legales y fácticos que llevan a decidir de esa forma. Esto asegura que la decisión no sea arbitraria y facilita su control y revisión si se recurre. Es un principio fundamental de seguridad jurídica y transparencia.
No, el artículo 117 prohíbe los tribunales de excepción. Todas las personas deben ser juzgadas exclusivamente por los tribunales previamente establecidos por la ley, garantizando imparcialidad y seguridad jurídica. Si existiera un tribunal de excepción, su actuación sería ilegal y nula.
Los jueces ejercen funciones jurisdiccionales en órganos unipersonales, generalmente en primera instancia o juzgados concretos. Los magistrados forman parte de órganos colegiados, suelen intervenir en instancias superiores como Audiencias Provinciales o Tribunal Supremo, y tienen mayor antigüedad y rango. Ambos forman parte del Poder Judicial y deben cumplir los mismos principios de independencia e imparcialidad.
Se protege mediante principios constitucionales que garantizan que jueces y magistrados son independientes, inamovibles, y responsables únicamente ante la ley. No dependen jerárquicamente del poder ejecutivo ni legislativo y el acceso a sus cargos es regulado mediante procedimientos específicos y autónomos. Además, no pueden ser suspendidos sin causa tasada y garantías legales.
El Poder Judicial cuenta con órganos específicos para la supervisión y control de la conducta de jueces y magistrados, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este organismo, con funciones de gobierno y disciplina judicial, puede iniciar expedientes disciplinarios ante irregularidades o comportamientos incompatibles con la ética y la ley.
Además, los ciudadanos pueden presentar quejas o denuncias ante los juzgados de guardia o la Fiscalía si perciben conductas irregulares o corrupción. También existen procedimientos penales en casos de delito. La transparencia y controles internos buscan garantizar que la independencia judicial no se convierta en impunidad.
Es fundamental conocer que cualquier acusación debe estar fundada y sustentada en pruebas para garantizar el respeto a derechos y evitar denuncias infundadas o ataques a la independencia.
El derecho a un proceso público es la regla general para asegurar transparencia. Sin embargo, las leyes procesales contemplan excepciones para proteger derechos fundamentales como la intimidad, honor, seguridad nacional o el interés superior del menor.
En estos casos, el juez puede acordar que el juicio o partes del mismo se celebren a puerta cerrada (juicios privados o restringidos) o la limitación de acceso a ciertas actuaciones procesales. Estas medidas deben ser proporcionadas, justificadas y respetar el equilibrio entre publicidad y protección de derechos.
Este equilibrio es esencial para mantener la confianza social sin vulnerar el derecho a la privacidad o seguridad.
En principio, una sentencia firme implica que no cabe recurso ordinario contra ella. Sin embargo, la ley establece mecanismos excepcionales para revisar sentencias firmes en casos de errores judiciales graves o injusticias notables.
Un ejemplo es el recurso de revisión, que permite al tribunal competente examinar una sentencia firme si aparecen pruebas claras de error o fraude, o si condiciones excepcionales se dan. Este procedimiento es complejo y reservado para supuestos limitados.
Es importante distinguir que, excepto en estas causas excepcionales, la firmeza asegura estabilidad y certeza jurídica en el sistema judicial.
El estudio de los artículos 117 a 121 de la Constitución Española nos ofrece una base sólida para comprender el funcionamiento del Poder Judicial y los principios que garantizan una administración de justicia democrática, imparcial y eficiente.
Hemos visto que la Justicia es un poder emanado del pueblo, ejercido por jueces independentes, inamovibles, responsables y sometidos a la ley, con órganos jurisdiccionales distribuidos para atender diferentes materias con reglas claras de competencia y procedimiento.
Asimismo, la Constitución protege el derecho a la justicia gratuita para quienes lo necesiten, regula la publicidad de los procesos y establece la responsabilidad del Estado ante errores judiciales, protegiendo a los ciudadanos.
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