El Artículo 93 de la Constitución Política de México es una pieza fundamental para entender cómo se integra y se relaciona el orden jurídico nacional con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este artículo establece claramente la prevalencia de dichos tratados sobre el derecho interno, lo que significa un mecanismo constitucional que asegura la protección y respeto de los derechos humanos en el país.
En este artículo técnico desarrollado para registrounicotributario.com, explicaremos con detalle el contenido, contexto, alcance y aplicación práctica de este artículo constitucional. Además, abordaremos términos clave, resolveremos dudas comunes y aportaremos ejemplos que permitan una comprensión profunda y aplicable para juristas, estudiantes, profesionistas y público interesado en el tema.
El enfoque es integral y práctico, con explicaciones claras que le permitirán conocer cómo el Artículo 93 vincula el derecho internacional de los derechos humanos con el sistema legal mexicano y cuáles son las consecuencias jurídicas al momento de su aplicación.
En primer lugar, es importante ubicar al Artículo 93 dentro de la estructura constitucional mexicana. Este artículo forma parte del Título Primero, que establece las bases fundamentales de la organización política y jurídica del Estado. El Artículo 93 es uno de los artículos que regulan la relación entre los tratados internacionales y el derecho interno.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su intención de proteger los derechos humanos, establece que los tratados y convenios internacionales que reconozcan estos derechos tienen un rango superior al de las leyes federales o estatales cuando se cumplan ciertos requisitos, como la ratificación por el Congreso de la Unión.
Esto implica que, cuando exista un conflicto normativo entre una ley interna y un tratado internacional en materia de derechos humanos, se dará preferencia a este último para garantizar la protección efectiva de tales derechos.
La incorporación explícita de esta jerarquía normativa fue un paso decisivo hacia la armonización del derecho mexicano con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Antes de esta reforma, se tenían problemas para aplicar normas internacionales en el ámbito interno cuando entraban en conflicto con la legislación local.
Con el Artículo 93 se clarifica este vínculo y se resalta la jerarquía especial que poseen ciertos tratados, mejorando así la protección y garantía de los derechos humanos en el país.
Otro aspecto relevante es que este artículo forma parte del llamado “bloque constitucional de derechos”, que incluye otras reformas y disposiciones constitucionales interpretativas orientadas a asegurar la plena aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Esto significa que, desde una perspectiva práctica, los jueces y autoridades mexicanas están obligados a interpretar y aplicar la ley de conformidad con estos tratados, favoreciendo siempre la protección más amplia de los derechos humanos.
Para entender cabalmente el contenido del Artículo 93, citamos su texto íntegro con un análisis fragmentado de cada uno de sus elementos:
Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconozcan los derechos humanos y que prohíban su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Esto significa que no cualquier acuerdo internacional que México celebre tiene rango constitucional, debe ser necesariamente ratificado por el Poder Legislativo. La ratificación es un requisito legal que garantiza el análisis y aceptación formal de estos instrumentos por los representantes populares.
Por lo tanto, solo se reconocen como superiores aquellos tratados que hayan cumplido con esta formalidad y, además, aborden temas relativos a los derechos humanos.
Este segmento delimita el alcance de la norma, estableciendo que el precepto solo aplica para aquellos tratados que reconocen derechos humanos. Esto es fundamental para evitar confusiones con otros tratados internacionales cuyo objeto no corresponde a esa materia, los cuales conservan un rango inferior a la Constitución.
El enfoque del artículo es explícito: proteger los derechos humanos como base del orden jurídico internacional y nacional.
Los estados de excepción se refieren a situaciones extraordinarias, como estados de emergencia o guerra, en las que los poderes del Estado pueden limitar garantías individuales por razones justificadas. Sin embargo, algunos derechos son considerados inderogables y no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia.
El artículo 93 enfatiza que los tratados que establecen la prohibición de limitar ciertos derechos humanos incluso en esos estados prevalecen, es decir, el Estado mexicano se compromete a respetar esos derechos de manera absoluta.
La palabra “prevalecen” es el núcleo de la norma y señala la jerarquía superior de dichos tratados respecto a cualquier otra disposición legal mexicana interna. En caso de contradicción, la norma contenida en el tratado debe aplicarse para proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los estándares internacionales.
Para entender aún más el alcance del Artículo 93 es imprescindible comparar y analizar su relación con otras disposiciones constitucionales, especialmente el Artículo 1 y el Artículo 94, que también regulan aspectos de derechos humanos y organización judicial.
El Artículo 1 establece de forma general la protección de los derechos humanos en México, estableciendo que todas las autoridades están obligadas a respetarlos y garantizarlos conforme a los tratados internacionales. En este sentido, el Artículo 93 complementa esta disposición precisando que los tratados tienen prevalencia sobre el derecho interno.
El Artículo 94 regula la organización y funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es la máxima autoridad encargada de interpretar la Constitución y garantizar la aplicación de los derechos humanos, incluyendo la revisión de tratados internacionales.
Es por ello que la Corte interviene para asegurar que los tratados con rango constitucional sean aplicados correctamente y se resuelvan controversias que puedan surgir respecto a su prelación frente a leyes internas.
| Aspecto | Artículo 93 | Artículo 94 |
|---|---|---|
| Objeto | Establece la prelación de tratados internacionales de derechos humanos sobre derecho interno. | Regula la duración y funciones de los ministros de la SCJN para garantizar la justicia constitucional. |
| Ámbito | Relación entre tratados internacionales y derecho mexicano. | Organización del Poder Judicial federal y función jurisdiccional. |
| Relevancia en derechos humanos | Garantiza que los tratados protejan derechos de manera prioritaria. | Órgano encargado de interpretar y proteger dichos derechos. |
| Aplicación | Directa en materia normativa. | Jurisprudencial y de supervisión. |
El cumplimiento de las formalidades para que un tratado tenga rango constitucional incluye varias etapas que garantizan su validez y aplicación efectiva. A continuación, describimos el proceso en detalle.
Los representantes del Estado mexicano participan en foros internacionales para negociar los términos del tratado o convenio, buscando acuerdos que reconozcan derechos humanos y condiciones claras en relación con su protección.
Una vez alcanzado el consenso, se firma el tratado por parte de los representantes del gobierno, lo que refleja la intención política pero no su compromiso jurídico definitivo hasta ratificación.
El tratado debe ser sometido al Poder Legislativo para su análisis y aprobación. Solo tras la ratificación formal, el tratado adquiere rango constitucional y vincula al Estado mexicano; esto es lo que establece el Artículo 93.
Una vez aprobado, el tratado se publica en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor para ser aplicado por todas las autoridades y tribunales en México.
Los jueces y tribunales deben aplicar directamente las disposiciones del tratado cuando analicen casos relacionados con derechos humanos, dando prioridad sobre cualquier ley contradictoria.
Para comprender cómo se utiliza el Artículo 93 en la práctica, presentamos algunos ejemplos ilustrativos de su aplicación y su impacto en la protección real de los derechos humanos en México.
Cuando una persona considera que una ley interna viola sus derechos reconocidos en un tratado internacional ratificado, puede presentar un juicio de amparo. Los jueces deben aplicar el Artículo 93 para determinar que la norma interna contradice el tratado y, por tanto, debe ser inaplicada en ese caso.
Si el Estado decreta un estado de excepción y promulga medidas que suspenden garantías, pero afectan derechos inderogables protegidos por los tratados internacionales, el Artículo 93 impide que dichas medidas sean válidas y exige respetar plenamente los derechos humanos.
En casos donde una ley municipal o estatal no está alineada con tratados internacionales que prohíben la discriminación, los tribunales aplican el Artículo 93 para garantizar el respeto a los derechos humanos en todo el territorio nacional, incluso sobre las leyes locales.
Los derechos humanos son las garantías fundamentales inherentes a toda persona, reconocidas internacionalmente y protegidas por tratados que definen su naturaleza, alcance y regulación. En el contexto del Artículo 93, estos derechos son el eje para otorgar prevalencia a los tratados internacionales sobre el derecho interno mexicano.
Es común la duda de si todos los derechos humanos están igualmente protegidos, y la clave está en que el tratado debe reconocer explícitamente estos derechos para alcanzar la prelación establecida.
Los tratados internacionales son acuerdos entre Estados que regulan diversas materias. En materia de derechos humanos, estos instrumentos definen estándares mínimos y obligaciones claras para los gobiernos, por lo que su ratificación le confiere un nivel superior dentro del orden jurídico mexicano conforme al Artículo 93.
La ratificación es el proceso mediante el cual el Poder Legislativo acepta formalmente un tratado internacional para que tenga efectos jurídicos internos. Sin este paso, los tratados carecen de rango constitucional y no pueden prevalecer sobre leyes nacionales.
Los estados de excepción son situaciones de emergencia en las que el Estado puede restringir ciertas libertades para proteger la seguridad o el orden público. Sin embargo, el Artículo 93 protege los derechos humanos prohibidos de limitación incluso en estas situaciones, asegurando derechos inderogables.
El orden interno es el conjunto de normas y disposiciones jurídicas vigentes en un país. El Artículo 93 señala que los tratados y convenios se integran en este orden con preeminencia sobre otras normas internas cuando se trate de derechos humanos.
La prevalencia es el principio jurídico por el cual una norma tiene jerarquía superior y debe aplicarse en primer término, desplazando a otras normas. En este artículo, implica que los tratados internacionales ratificados y que reconozcan derechos humanos se aplican por encima de leyes o normas locales.
Se refiere a que ciertos tratados establecen que algunos derechos humanos son inviolables y no pueden ser restringidos ni siquiera durante estados de excepción, garantizando su efectividad absoluta.
El Congreso de la Unión es el órgano legislativo federal encargado, entre otras funciones, de ratificar los tratados internacionales para que tengan efecto en México de conformidad con el Artículo 93.
La SCJN es la máxima autoridad encargada de interpretar la Constitución, resolver controversias constitucionales y garantizar que los tratamientos internacionales se apliquen conforme a lo dispuesto en el Artículo 93.
El cumplimiento del Artículo 93 tiene implicaciones concretas tanto para los titulares de derechos como para los agentes del Estado y operadores jurídicos. Su correcta aplicación garantiza que principios internacionales se traduzcan en acciones concretas y garantías reales para las personas.
Entre sus principales implicaciones destacan:
Para quienes deseen profundizar o aplicar adecuadamente esta norma, sugerimos seguir una serie de buenas prácticas y cuidados:
Para ampliar la perspectiva, la siguiente tabla compara la integración y jerarquía de tratados internacionales en materia de derechos humanos en México y algunos países latinoamericanos:
| País | Jerarquía Constitucional de Tratados de Derechos Humanos | Ratificación Legislativa Requerida | Prevalencia sobre Leyes Internas |
|---|---|---|---|
| México | Rango constitucional específico (Artículo 93) | Sí, Congreso | Sí, prevalecen sobre leyes internas |
| Argentina | Rango constitucional desde 1994 | Sí, Congreso | Sí, con jerarquía superior a leyes nacionales |
| Colombia | Jerarquía constitucional tras reformas | Sí, Congreso | Sí, prevalecen sobre leyes ordinarias |
| Chile | No tienen rango constitucional; prevalecen tratados internacionales | Sí, Congreso | Generalmente sí, pero susceptible a control constitucional |
Para complementar esta explicación de forma dinámica y profunda, le invitamos a ver este recurso audiovisual donde se desarrolla paso a paso el contenido del Artículo 93 y sus implicaciones en el derecho mexicano.
Si bien el Artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) tiene contenido distinto al artículo constitucional, establece supuestos para la exención del ISR, particularmente en la fracción I donde dispone que ciertos ingresos percibidos por trabajadores estarán exentos de este impuesto.
Esto es importante para trabajadores y empleadores, pues define qué ingresos no son sujetos a ISR, evitando cargas fiscales injustas o indebidas.
El artículo 93 de la Constitución Política de México establece la prevalencia en el orden interno de los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación aún en estados de excepción.
En síntesis, significa que México reconoce con rango constitucional la supremacía de ciertos tratados internacionales que garantizan derechos humanos, incluso frente a otras leyes internas.
El artículo 94, reformado en 1994, detalla las condiciones de duración y remoción de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), indicando que durarán en su encargo quince años y no podrán ser removidos salvo en los términos previstos por la Constitución. Además, establece su derecho a un haber por retiro una vez concluido su periodo.
Esto garantiza la independencia judicial y la estabilidad en la máxima instancia de interpretación constitucional, siendo crucial para la aplicación efectiva del Artículo 93 en materia de derechos humanos.
Para ello, debe verificarse que el tratado haya sido ratificado por el Congreso de la Unión y que reconozca y proteja derechos humanos sin permitir su limitación en estados de excepción. Puede consultarse en el Diario Oficial de la Federación y en el portal oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Según el principio de prevalencia, la norma internacional tiene preferencia. Por ello, el juez debe inaplicar la disposición local en la medida que restringe derechos reconocidos por el tratado.
Las autoridades judiciales, administrativas y legislativas están obligadas a respetar y garantizar lo dispuesto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación juega un papel central en interpretar y hacer cumplir esta norma.
Se trata de aquellos derechos cuyo respeto es absoluto, como el derecho a la vida, prohibición de la tortura y tratos crueles, entre otros. Los tratados ratificados que expresamente prohíban limitaciones en estados de excepción reflejan esta característica.
Las personas pueden interponer juicios de amparo o usar otros mecanismos constitucionales para proteger sus derechos. En estos procedimientos, se invoca la prevalencia de los tratados para obtener protección judicial.
Sí, siempre que dichos tratados hayan sido ratificados por el Congreso y reconozcan derechos humanos sin permitir su limitación en estados de excepción. Esto abarca un amplio espectro de derechos, elevando su protección jurídica.
Existen cursos especializados, recursos en línea y documentos oficiales, como la Ley de Amparo comentada, además de eventos y talleres que permiten profundizar en estos temas.
No sin reforma constitucional. La prevalencia que otorga el Artículo 93 es parte del bloque constitucional, por lo que cualquier cambio requiere un proceso formal y amplio que involucra al Congreso y posiblemente a los estados.
La interpretación debe ser conforme a la máxima protección de los derechos humanos y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia. En caso de incertidumbre, se recomienda el análisis integral de las normas y buscar asesoría especializada.
El Artículo 93 de la Constitución Política de México representa un avance significativo en la armonización del derecho mexicano con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Su establecimiento garantiza que los tratados ratificados por el Congreso y que reconocen derechos humanos prevalezcan sobre cualquier norma interna contradictoria.
La adecuada comprensión y aplicación de este artículo asegura a las personas la protección preferente de sus derechos y obliga a las autoridades a cumplir con los compromisos internacionales del país.
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