En Colombia, el cumplimiento de las obligaciones tributarias es esencial, no solo para mantener la estabilidad financiera del Estado, sino también para evitar sanciones que puedan afectar a los contribuyentes. En este contexto, el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad de ciertos beneficios tributarios resulta crucial. A partir de este momento, es imperativo que aquellos que aún adeudan tributos territoriales se apresuren a regularizar su situación financiera. Este artículo explicará en detalle las implicaciones de esta decisión y ofrecerá lineamientos claros para que los ciudadanos puedan actuar de manera informada y oportuna.
La Corte Constitucional de Colombia ha declarado inexequibles varios artículos del Decreto 678 de 2020, lo que significa que los beneficios fiscales que dicho decreto otorgaba ya no están vigentes. En esencia, esto afecta a los beneficios en la reducción de obligaciones tributarias, como el 20% de reducción de capital y el 100% de exoneración de intereses que estaban disponibles hasta el 31 de octubre de 2025. La Corte argumentó que el ejecutivo se extralimitó en sus funciones al permitir que gobernadores y alcaldes adoptaran normas tributarias sin el debido proceso legislativo, el cual involucra a los concejos y asambleas.
Para entender la gravitas de la situación, es esencial repasar el contexto en el que se emitió el Decreto 678 de 2020. Este decreto fue promulgado en medio de la pandemia de COVID-19, con el objetivo de brindar alivios fiscales a los contribuyentes afectados por la crisis económica. Se esperaba que la flexibilización de obligaciones tributarias ayudara a reactivar la economía local y ofreciera un respiro a los ciudadanos y empresarios que experimentaban dificultades financieras.
Sin embargo, la implementación del decreto no estuvo exenta de errores. Específicamente, los artículos 6, 7 y 9 presentaban inconsistencias que llevaron a la Corte a considerar su inexequibilidad. La falta de un trámite normativo adecuado y la ausencia de participación de los organismos competentes para la creación de tributos han generado un vacío legal que, según la Corte, no puede ser dejado sin efecto. De esta manera, al anular estos beneficios, se genera un escenario donde los contribuyentes deben asumir de inmediato sus responsabilidades fiscales.
Los contribuyentes que tengan deudas tributarias deben actuar con celeridad. A continuación se presentan recomendaciones específicas sobre cómo proceder.
El primer paso es liquidar todas las deudas tributarias pendientes. Esto incluye cualquier impuesto municipal, departamental o sanciones que se deriven de la no presentación de declaraciones o pagos. Para esto, es conveniente:
Es importante contar con la documentación necesaria para el efecto. Los contribuyentes deben tener a mano:
Si la situación es compleja, se recomienda buscar la asesoría de un profesional en derecho tributario. Un abogado especializado puede guiar a los contribuyentes en la gestión de pagos, facilitando el proceso y asegurando que se cumplen todos los requisitos legales.
Los contribuyentes que no regularicen sus deudas en el plazo establecido podrían enfrentar consecuencias graves. Es crucial entender los riesgos asociados a la falta de cumplimiento:
El incumplimiento de obligaciones tributarias también tiene un efecto negativo en la economía local. Cuando los contribuyentes no pagan sus impuestos, se afecta la capacidad del gobierno local para financiar servicios públicos esenciales como la salud, la educación y la infraestructura. Por lo tanto, regularizar la situación tributaria no solo afecta el bienestar del contribuyente, sino también a toda la comunidad.
Pagar las obligaciones tributarias a tiempo conlleva varios beneficios que son importantes considerar:
Además de los pasos mencionados, aquí algunas recomendaciones generales a seguir:
Entre el 12 y el 23 de mayo, todos los agentes de retención o autorretenedores del impuesto sobre la renta y complementarios deben presentar y pagar la declaración de retención en la fuente del mes de abril de 2025. Cada fecha se asigna de acuerdo con el último dígito del NIT. Por lo tanto, es esencial revisar el calendario tributario y anticiparse a estas fechas.
El legislador es el único autorizado por la Constitución para crear tributos, esto corresponde al principio de legalidad en materia tributaria. Cualquier imposición de tributos debe ser a través de una ley, la cual debe ser aprobada por el Congreso de la República. Este principio asegura que los ciudadanos puedan conocer las reglas y obligaciones fiscales, evitando sorpresas o abusos por parte de la administración tributaria.
Le corresponde a la ley, dictada por el Congreso, la creación de tributos. Una vez establecida la ley, las asambleas departamentales o los concejos municipales pueden ejercer su poder de imposición, estableciendo tributos dentro de su jurisdicción, pero siempre en sujeción a lo que la legislación nacional dictamine. Esto asegura que todos los tributos se establezcan de manera legal y con la debida justificación.
Para poder navegar por el mar de la tributación en Colombia, es fundamental entender las principales normativas que regulan el sistema tributario. La Ley 14 de 1983 y el Código Tributario Colombiano son las dos normas primordiales que establecen el marco legal para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El Código Tributario Colombiano establece las disposiciones generales que regulan la materia tributaria en el país. Contiene normativas sobre la administración, fiscalización, legalización de tributos y las sanciones correspondientes por incumplimiento. Su cumplimiento es un requisito indispensable para actuar no solo dentro del marco de la ley, sino también para protegerse contra posibles sanciones y multas por parte de la administración tributaria.
En Colombia, los principales impuestos que deben ser reconocidos y pagados son:
Las entidades tributarias, que incluyen la DIAN y las diferentes secretarías de hacienda a nivel municipal y departamental, juegan un papel crucial en la gestión, recaudo y administración de impuestos. Es importante mantener una buena comunicación con estas entidades para poder resolver cualquier duda o aclaración que sea necesaria.
Cada entidad tiene canales de atención específicos donde los contribuyentes pueden acercarse para realizar sus consultas o pagos. Por ejemplo, la DIAN cuenta con una línea de atención nacional y diferente representación en las sedes regionales:
Es vital estar al tanto de la actualización sobre la condición de inexequibilidad de los artículos mencionados. Los contribuyentes deben seguir de cerca el boletín oficial emitido por la Corte Constitucional donde se especifique la fecha y el alcance del fallo, ya que esto definirá desde cuándo dejan de operar los beneficios anteriormente mencionados en el Decreto 678 de 2020.
Es recomendable seguir los boletines oficiales de la Corte, donde no solo se anunciarán las decisiones, sino también se brindarán explicaciones y motivaciones sobre los fallos. Estos boletines son de acceso público y pueden encontrarse en el sitio web oficial de la Corte Constitucional de Colombia. Mantenerse informado puede ser la clave para actuar en el momento adecuado.
La declaración de inexequibilidad de los beneficios tributarios del Decreto 678 de 2020 marca un antes y un después en la gestión tributaria de los colombianos. La necesidad de actuar rápidamente y cumplir con las obligaciones tributarias es ahora más urgente que nunca. Los contribuyentes deben estar atentos a sus deberes fiscales y a la normativa vigente para evitar consecuencias negativas.
Si deseas una explicación más detallada sobre los efectos de esta inexequibilidad y consejos adicionales sobre cómo regularizar tus obligaciones tributarias, te invito a ver el siguiente video donde el abogado Dean Martín Barros Fernández aborda estas cuestiones de manera clara y sencilla.
En conclusión, el cambio normativo relacionado con los tributos territoriales en Colombia exige un inmediato cumplimiento de las obligaciones fiscales. Prepararse adecuadamente, informar sobre los cambios y actuar con anticipación es la mejor estrategia para sortear la incertidumbre y protegerse ante posibles sanciones. Si surgen dudas adicionales, se recomienda consultar un especialista en Derecho Tributario que pueda ofrecer asesoría personalizada y fortalecer así la seguridad jurídica de cada contribuyente.
